por TP Viviana Aubele.
Ricardo Naidich es traductor público de sueco y danés, especializado en terminología jurídica, fue presidente del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires entre 1996 y 1999, ha sido intérprete para la Embajada de Suecia, es director del Instituto de Cultura Sueca de Buenos Aires, lo cual habla de su faceta docente. Ha sido periodista, y además fue director de la revista Idiomanía entre 1992 y 2000.
El Colegio de Traductores Públicos cumplió hace poco 49 años de vida, y ya perfilándonos al medio siglo de esta institución, queríamos preguntarte, Ricardo Naidich, según tu mirada, qué es lo que se ha logrado en todos estos años para nuestra profesión, y en qué se ha retrocedido.
Recordemos que este colegio fue creado en 1973 por un decreto de Lanusse, y creo que tardaron uno o dos años en poder poner el funcionamiento el colegio. Los integrantes del colegio en ese entonces, que venían de una asociación civil que se llamaba Colegio de Traductores Públicos Nacionales, eran un centenar de traductores de todos los idiomas en general, muchos de ellos, inmigrantes que por su condición conocían la lengua extranjera. La ley se promulgó en 1973, pero en realidad la lucha viene desde 1938 o 1939; casi cuarenta años tratando de crear un consejo profesional como el de abogados, escribanos, contadores. Comenzaron con una pequeña sede alquilada; luego pudieron comprar esa sede haciendo una colecta. Ya cuando el colegio nació oficialmente como consejo profesional pudo comprarse una sede más grande en Lavalle, después de allí a Marcelo T. de Alvear, y finalmente se compró en Callao, y por último en Corrientes. Quiere decir que el colegio fue creciendo en patrimonio. Pero: ¿los traductores crecimos en la misma medida? Es debatible, porque ese primer centenar de traductores públicos tenía mucho trabajo; eran solo cien, ciento y pico, había gran volumen de trabajo y todos podían cobrar lo que tenían que cobrar en la época. Hoy, somos nueve mil inscriptos; de cien pasamos a nueve mil. Y la torta no da para los nueve mil. Está claro que no vivimos hoy de la profesión exclusivamente, sino que tenemos que hacer otras tareas, como docentes, como traductores para el exterior, etcétera.
¿Cuáles son los problemas en el día a día que tenemos los traductores públicos y que la conducción actual no ha sabido o no ha podido solucionar o abordar?
Yo creo que en los últimos quince años la conducción ininterrumpida de la lista oficialista ha estado integrada por muchos colegas docentes, pero los traductores de a pie no están debidamente representados. Obviamente que todos son traductores públicos y traducen, pero no batallan todos los días con la lucha cotidiana del traductor público que tiene que salir a buscar al cliente, que tiene que ir a legalizar… lo que hace el querido Marcelo Pla, que lo conocen todos, porque está en todos lados, corriendo de un lado para el otro. Marcelo conoce todos los vericuetos de las legalizaciones: que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que la apostilla, que el trámite, que la legalización. Con ese servicio Marcelo, por citar a alguien que uno conoce, se gana al cliente porque le está prestando un gran servicio. Pero además, creo que hemos perdido muchas incumbencias y que el colegio no se ha preocupado. El colegio no actuó en tiempo y forma cuando fue la reforma del Código Civil última, y anteriormente, no actuó contra la reforma de la ley de los escribanos, que les permite decir que comprenden un documento redactado en lengua extranjera. Esto es grave, porque nos quita incumbencias. La reforma de ellos es posterior al año 2000, y nosotros estamos con esta ley 20.305 desde 1973. Violaron nuestra ley, y nuestro colegio no actuó; no impugnó, no hizo acciones judiciales, ni las hace. Ahí yo creo que hay un gran déficit de esta conducción; creo que la actividad del colegio es muy “para adentro”, hacia nosotros; pero que la actividad hacia afuera, hacia la sociedad, para que el traductor público tenga un prestigio y un reconocimiento similares al abogado, al contador, al escribano… ahí nos quedamos cortos. No es un problema publicitario.
Hace años había una publicidad del colegio por la zona de la sede de Corrientes; pero el común de la gente no sabe lo que hace un traductor público.
Para los que estén interesados en ver la publicidad que hizo el colegio, nosotros teníamos un programa por YouTube que lo pueden encontrar fácilmente, que se llamaba ¿TParece?, haciendo juego con “TP”. Allí entrevistábamos, junto con Marcelo Pla, a la gente que pasaba y le mostrábamos la publicidad -un mural inmenso, de varios pisos, que había muy cerca del colegio- y le preguntábamos a la gente: “¿Conocés el Colegio de Traductores Públicos?” “¿Sabés lo que hace?” Es interesante que vean esas entrevistas; son muy cómicas y a la vez trágicas, porque la mayoría no tenía la menor idea de quiénes somos. Insisto: no es un problema publicitario. El colegio no tiene presencia en los grandes temas nacionales que le competen. Por ejemplo, muchos hablan del “idioma nacional”. Pero, ¿sabías vos que no hay un idioma nacional por ley en la Argentina? El castellano no es el idioma nacional por ley. Eso, solo por citar algunos de los temas. Pero simplemente haciendo valer el que establece la ley 20.305, nosotros estaríamos satisfechos. El problema es que las traducciones se legalizan cada vez menos, y la excusa que el colegio pone para no actuar es que la ley no establece claramente que nuestra firma deba ser legalizada. Pero eso es una verdad a medias, porque dice que todo documento redactado en lengua extranjera lo tiene que traducir un traductor público. Ahora, cuando nosotros firmamos, ¿cómo se establece quién es traductor público? El Estado delegó en el colegio la matrícula. Entonces, quien verifica que esa persona es traductor público es el Colegio de Traductores Públicos legalizando la firma. Sin embargo, el Consejo Directivo –y no me refiero a este solamente, sino los de los últimos quince años, porque es la misma conducción- no ha actuado, no ha hecho lo que debía hacer para defendernos, se han perdido incumbencias, y cada vez perdemos más trabajo.
¿Cómo ves nuestra relevancia en la actuación pericial?
Debo decir que fui perito durante muchos años, pero renuncié. El motivo es simple: los problemas para pagar. Es más difícil cobrar que hacer una traducción. Entonces, cuando el problema es cobrar, y no la traducción en sí misma, se hace muy cuesta arriba. Pero además, tuve la experiencia de que en algunos juzgados no me pagaran, directamente; encima, juicios penales. Yo sé que hay colegas que hacen una cadena de trabajo para tener siempre ingresos. Yo envidio la paciencia que tienen para moverse, pero a mí me cansó eso: me cansó recorrer Tribunales, me cansa llamar por teléfono… creo que nuestro tiempo como profesionales vale. Además, un tema importante: ahí también perdimos incumbencias porque hay juzgados que exigen que un perito reclame con el patrocinio de un abogado. ¿Por qué? Si toda la vida hicimos nuestros reclamos ante la Justicia, nuestros pedidos o lo que fuera, directamente cada uno de nosotros per se. Entonces, encarecer nuestros honorarios o ceder parte de nuestros honorarios a un abogado repercute mucho, nos perjudica en mucho. Yo pongo mis puntos suspensivos; también allí el colegio carece de la firmeza y la energía que se necesitan para que esto no suceda. Yo creo que el Consejo Directivo es muy débil en su actuación; es muy fuerte hacia adentro de la profesión, hacia los traductores con muchas cosas que no tienen nada que ver con la traducción pública: coro, teatro, cursos… pero para afuera, para la sociedad, la presencia que debemos tener… ahí deja mucho que desear. Hoy el asesor legal del colegio ayuda y mucho a los colegas peritos, pero necesitamos la decisión política del consejo directivo para actuar enérgicamente para solucionar estos problemas.
Eso que decís se refleja también en las instituciones del Estado que, al parecer, no exigen traducción pública.
Cada vez son menos los que la exigen. Yo lo planteo, porque yo formo parte de la Comisión de ejercicio de la profesión, presidido por la actual presidente del colegio. Pero, ¿qué es lo que hacen? Hablan con algún funcionario que alguien conoce de tal repartición, y hacen el pedido, y le presentan la lista de traductores. Esto no es lo que hay que hacer, y yo no les voy a decir lo que ya saben qué deben hacer. Son traductores que tienen muchos años en la conducción y la gestión del colegio, y saben perfectamente lo que hay que hacer para imponer un criterio, una idea o una acción. Insisto: el colegio está muy metido para adentro, pero cero para afuera.
Mucho trabajo por hacer, pero…falta mucho.
¡Falta mucho! Y un problema central es la competencia desleal. Los traductores de inglés se matan; vos pasás un presupuesto, y siempre hay alguno más bajo. Y esto solo se puede solucionar derogando la ley Cavallo, de desregulación de honorarios profesionales, y en eso habría que sumarse a los grandes consejos profesionales (escribanos, contadores, abogados) que piden la derogación de esta ley desde hace rato. Pero en el caso de los escribamos, uno pide presupuesto a tres o cuatro escribanos… y los montos son muy parecidos. No se apartan como nosotros, porque hay colegas que piden la mitad de lo que establece el colegio. Falta conciencia profesional, y eso tiene que ver con lo que ha hecho en estos quince años la conducción actual, que además dirige la carrera de Traductor Público. Debo decirlo: alguna responsabilidad tiene que tener en todo esto. Me parece que es necesario un cambio de aires en el colegio para que, de una vez por todas, la orientación de la conducción sea otra.
¿Cómo sigue el 2022 para el traductor público?
Yo creo que si seguimos por este camino, vamos a tener menos trabajo, menos legalizaciones de las instituciones que están obligadas a solicitarlas. No me extrañaría que algún próximo gobierno considere que la legalización es un costo adicional a las empresas y pretenda eliminar la legalización, o quizás la vuelva a recuperar el Estado y haga certificar la firma en la Cámara, o puede crear un organismo que cobre ese dinero -en la Argentina, para recaudar hay muchas ideas- y no va a faltar quien diga que la legalización del traductor público no es necesaria. Yo lo veo muy complicado; veo que los profesionales cada día se van a dedicar más a otros campos de la traducción, a trabajar para el exterior, o audiovisuales, o cualquier otra cosa que le genere ingresos, y que la traducción pública cada vez estará peor. Esto es lo que yo veo, sobre todo en la dimensión de una conducción que no responde ni a las necesidades del país ni a las de la profesión.
¿Y para el traductor público Ricardo Naidich, puntualmente?
No lo sé. En la Argentina, nadie puede planificar absolutamente nada. Yo soy director del Instituto de Cultura Sueca, y en las épocas de crisis la enseñanza del sueco crece porque la gente se va, lamentablemente. Así que eso, indirectamente, a nosotros nos beneficia. Como traductor público de sueco no puedo decir mucho, porque cada vez el número de traducciones públicas de sueco disminuye; el inglés es utilizado por las empresas suecas como idioma internacional. Hay documentación personal, hay siempre alguno que otro balance para traducir, pero no son una parte significativa de mis ingresos, lamentablemente. Debería ser de otra manera. Pero es el país donde lucho, en el país donde tengo proyectos, es el país donde yo quisiera que mi hijo tenga un futuro mejor que el mío, pero no lo veo así -creo que va a ser peor que el mío- y creo que me voy a ir de este mundo sin ver las cosas por las que lucho, pero no importa: hay que ser fiel a las convicciones y no importa si no vemos los resultados durante nuestra vida en este mundo.
Alguien tiene que tomar la posta…
Por supuesto. Esa es la idea: que la juventud que está alrededor mío, esos jóvenes que tienen treinta y pico de años se lleven estas banderas y formarlos en lo que es la militancia del Colegio de Traductores Públicos y ocupen algún día el lugar que deben ocupar para cambiar las cosas. Esto es lo que se necesita, y esto es lo que hay que hacer, sin importar el tiempo que lleve lograrlo.