Por qué la respuesta a esta pregunta es competencia de los traductores públicos
En la última sesión de la cámara baja del congreso nacional, el diputado Milei tuvo una fuerte discusión acerca del lenguaje con Cecilia Moreau, que presidía la reunión. El economistase negó a decirle ‘presidenta’ a Moreau, a pesar de que ella lo corregía una y otra vez. El diputado siempre se dirigió a la “presidente”. Para marcar sus diferencias políticas e ideológicas, Milei acentuaba siempre la ‘e’. Moreau lo corrigió en varias ocasiones. El episodio finalizó con la despedida irónica de Moreau a Milei, con un “gracias diputada Milei”.
Si bien la RAE afirma que “presidenta” es la forma más adecuada, no prohíbe ni condena el uso de “presidente”. Será la gente la que finalmente decida con el uso cuál de los dos vocablos se impondrá en el lenguaje popular.
La anécdota no puede pasar desapercibida para quienes somos profesionales de la traducción y requiere, al menos, adoptar una postura que baje línea a los funcionarios del estado sobre cuáles deberían ser los criterios lingüísticos que utilizan, ya que lo que ellos digan va a ser luego repetido una y otra vez por los medios de comunicación y más tarde por la gente, siempre y cuando la gente lo adopte.
Por razones político-ideológicas escuchamos desde hace años esta discusión, que forma parte del debate sobre el lenguaje inclusivo. Sería bueno para nuestra imagen ante la sociedad que nuestro consejo profesional, además de opinar sobre el ministro de RREE que no habla inglés o “el enérgico repudio a todo tipo de violencia contra las instituciones republicanas y democráticas”, fije posturas claras sobre los temas lingüísticos que sí nos competen y sobre los que no se pronuncia. El consejo directivo no debe ser políticamente correcto en todos los temas. Mientras tanto, en la defensa de nuestras competencias hace mutis por el foro.
Como toda cuestión sensible, es preferible esconderse a tratar algo que no se conoce, porque lo que defienden corre por otros carriles. Conducir un colegio no significa agradar con sus dichos al partido político de turno.
Lo primero que deberíamos hacer es debatir seriamente las consecuencias jurídicas de nuestro trabajo. Si por razones meramente políticas o ideológicas alguien quiere traducir documentos públicos utilizando la jerga inclusiva, debe saber que su contenido puede ser cuestionado por algún juez. Esto ya no trata acerca de una e, una x o una @.
La Lista Unidad considera que nuestros representantes deben defender el buen uso del idioma cuando la jerga inclusiva es utilizada como instrumento político desde una gobernación, un ministerio o una autoridad universitaria. Si ganamos las próximas elecciones el 24 de noviembre, los candidatos de la Lista Unidad estaremos en minoría, pero aun en ese caso nos comprometemos a defender la independencia política e ideológica de nuestro consejo profesional y hacer pública nuestras opiniones para que el CTPCBA sea una de las instituciones rectoras a la hora de establecer el buen uso del lenguaje en una sociedad en crisis política, educativa, moral y económica.